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¿Cómo se forman los abogados que defienden los intereses de la Nación?
El director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, Guido Croxatto, habla de los principios que tiene la abogacía pública y de la importancia de su formación académica tendiente a la excelencia y compromiso, para lograr la unificación de los criterios jurídicos en los temas centrales del Estado.

-¿Cuándo se creó la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y cuál fue el fundamento de su creación?

- Se creó en el año 1994 por medio del Decreto 754/94. Nace inspirada en el modelo de la Escuela Nacional de Administración de Francia. Francia es un país de fuerte tradición republicana. El objetivo es profesionalizar y capacitar al cuerpo de abogados del Estado argentino. El fundamento técnico fue apostar a la modernización del Estado. Si se leen bien las normas de ese momento, están impregnadas por el lenguaje de la Administración de Empresas, la tecnocracia que en los 90 se traslada también al sector público, pidiendo construir un Estado más “eficiente”, más “eficaz”, que “gestione“ mejor. 

En dichas normas se encomendaron a la Procuración del Tesoro, cabeza de ese Cuerpo, entre muchas otras, las tareas académicas y de investigación profesional necesarias para dar coherencia al Cuerpo y consolidar el principio de unidad de criterio en la emisión de dictámenes jurídicos obligatorios para asegurar la validez de los actos administrativos,  que dictan los diversos órganos del Estado Nacional.

- ¿Cuáles son los principios a los que debe ceñir sus actividades la ECAE?

- Excelencia y compromiso. Lograr la unificación de los criterios jurídicos en los temas centrales del Estado, que se expresa a través de la actuación de una multiplicidad de organismos, no se alcanza sólo con la intervención en asuntos relevantes o la difusión de la doctrina del Procurador por medio de publicaciones. Requiere de un proceso sistemático, de una formación especial que la carrera de grado universitaria no le otorga al abogado. La formación académica que brinda nuestra Escuela apunta tanto al plano científico como ético del ejercicio de la Abogacía pública y también al apoyo de las políticas públicas y al sostenimiento del bien común.

- ¿Dentro de cuál estructura  del organigrama del Estado funciona?

- Es una dirección nacional de la Procuración del Tesoro de la Nación. Los abogados del Estado tienen una doble dependencia, una administrativa, de su unidad de trabajo, y una funcional, que es la doctrina de la procuración.

- ¿Cuál es su oferta académica actual, y quiénes pueden participar de ella?

- La ECAE imparte carreras de Estado, diplomaturas y especializaciones en abogacía del Estado. También se imparten seminarios de capacitación. La oferta académica está orientada a los abogados que trabajan en la Administración Pública Nacional, y dentro de ese universo, se concentra sobre todo en aquellos que conforman el Cuerpo de Abogados, que son quienes trabajan en los servicios jurídicos de cada ministerio. 

- ¿Cuáles son las tareas que contempla el área de Investigación?

- Profundiza temas como deuda externa, juicios al Estado, violencias de género, extranjerización de tierras, desnacionalización de recursos naturales. 

- Funciona dentro de la Escuela un área pedagógica, ¿cuál es el objetivo de la misma?

- El área pedagógica busca que los profesores también incorporen nuevos mecanismos de enseñanza, más en contextos tan complejos como los actuales, donde se hace necesario buscar formas de participación originales. Pero creo que estas dificultades nos ayudan a crecer. Porque nos ayudan a enfrentar entre todos un mismo problema. Y es así como se constituye un cuerpo de abogados: afrontando desafíos en conjunto. Con una mirada compartida. Poniendo el hombro. 

- ¿Además de tener un objetivo formativo, la ECAE cumple algún rol de asistencia y asesoramiento a los abogados del Estado ya en funciones? 

- Los abogados en funciones deben seguir al pie de la letra la doctrina del Procurador del Tesoro. Por esos los dictámenes de la Procuración son tan importantes. 

- ¿Cuál es la especificidad técnica que hace necesaria una formación especial a quienes ejercen su rol profesional dentro del Estado?

- Es una muy buena pregunta. Precisamente la abogacía pública tiene principios particulares que la diferencian y definen. No es lo mismo ser abogado del Estado que ser un abogado corporativo o de empresas. Son principios, historias, lenguajes diferentes. Y a veces la abogacía pública queda desdibujaba, rezagada, en un segundo plano. Pero la defensa y asesoramiento del Estado requieren una mirada más compleja que la mirada a menudo centrada en los honorarios de la abogacía corporativa liberal. La abogacía pública demanda una comprensión mayor del rol del Estado, de lo público como espacio compartido. La abogacía pública no es la abogacía privada. Son dos enfoques muy distintos. Llenar de abogados formados en la mirada privada y luego ponerlos a trabajar en el Estado, como si nada, ha generado equipos poco conscientes de su misión dentro de la Administración Pública. Hay que corregir eso. 

- ¿Aparte de la formación específica de abogados, ofrece la Escuela otras actividades para el personal de la Administración Pública?

- Sí. Cursos de derecho administrativo para no abogados, seminarios en lenguaje inclusivo, violencias de géneros. También seminarios en historia, finanzas, antropología, psicología.

- Ustedes empezaron su gestión hace muy pocos meses…

- Sí. Y cuando llegamos en la ECAE no había ni una placa en la puerta que la designara. Esta falta de cuidado y jerarquización de un espacio que se dedica nada menos que formar a los abogados que tienen en sus manos la defensa de los intereses de la Nación no es un accidente. Bajar esa placa fue un acto simbólico. Un acto de renuncia. 

- ¿Por qué se bajó?

- Entre otras cosas, porque allí figuraba el nombre de un secretario de Derechos Humanos, de quien yo fui asesor antes de viajar a estudiar a Alemania, Eduardo Luis Duhalde. El anterior procurador del tesoro no comulgaba por lo visto con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que nosotros sí defendemos. Tampoco había una bandera argentina en todo el edificio. Nosotros pensamos que una Escuela que forma abogados del Estado Nacional no puede renunciar a su bandera. El juramento a la bandera no puede ser una formalidad. 

- ¿Qué objetivo de gestión se trazan?

- Capacitar, convocar, federalizar, comprometer. Diferenciar bien el sentido de la abogacía pública, que es una abogacía de compromiso y entrega. Nadie ingresa al Cuerpo de abogados del Estado para hacerse rico. Se ingresa al cuerpo para defender los intereses de la Nación. Queremos recuperar la vocación. Se ha hecho mucho énfasis en la modernización y en la profesionalización del Estado en las últimas dos décadas, pero se habla muy poco de la vocación y de la abogacía pública como acto de entrega. Como un servicio jurídico de excelencia para quienes más lo necesitan, que hoy son las mayorías postergadas, sin voz. Poner la capacitación en clave social. No seguir concentrando el conocimiento en pocas manos.

- ¿Cómo piensan desde la institución la pandemia?

- Fíjense que se habla mucho de “sentido común”, olvidando que el sentido “común” se refiere a lo “común” de la sociedad, que engloba a todas las personas en una misma res pública. En una sociedad política: en un cuerpo social con un interés (un sentido) compartido. Pero eso que es “común” se ha ido perdiendo en nuestras sociedades atomizadas y altamente individualistas, donde solo importa el interés privado, la ganancia privada, lo mío inmediato, no el interés público. Pero el Estado tiene que reivindicar el segundo, que es una construcción no inmediata: un trabajo social de todos los ciudadanos. Muchos no quieren adoptar ningún compromiso social ni político. Pero después se llenan la boca hablando de República. Lo que algunos precisamente ven como una “carga”, o como un “costo” social que hay que “evadir”. Eso es, paradójicamente, el sentido común res-publicano. Las responsabilidades con el Estado no se evaden. Se cumplen y se dignifican. No son “cargas” publicas ni sociales. Los derechos laborales o sociales o culturales no son un “costo”. Aunque a menudo hoy se los cataloga así. Son parte de un compromiso y una virtud ciudadana, de una “madurez cívica”. De una “responsabilidad colectiva”. Fíjense que este lenguaje sobre la importancia de lo colectivo hoy se ha vuelto a escuchar…

- Por la pandemia..

- Claro. De repente vuelve a escucharse un lenguaje olvidado. El lenguaje de la “madurez cívica”, el lenguaje de la “responsabilidad colectiva”, que apela al cuidado del otro… este lenguaje hacia mucho que no lo escuchábamos. Veníamos del “no te metas”, del “cada uno en lo suyo”, que el otro se arregle como pueda, “algo habrá hecho”. Esas marcas quedan. Hoy estamos volviendo por la pandemia al otro lenguaje, al lenguaje republicano, que convoca desde los demás. No desde uno. Ese es el lenguaje de la madurez cívica. Pero ese lenguaje hay que construirlo. No se construye de un día para el otro. Hay que trabajarlo. La madurez no surge sola. El compromiso tampoco. Hay que formar ciudadanos conscientes otra vez. La dictadura metió miedo. Desarmó ese compromiso básico con el otro. La responsabilidad con su destino. Hume llama a esto simpatía. Comprometidos con los demás. Es el corazón del pensamiento republicano. La clave de toda República. Sino, somos una República solo de nombre, nada más. No una República en serio. En la ECAE queremos formar abogados con un alto estándar académico y comprometidos con la mentalidad republicana. Con la res pública. No con la res privada. Con el sentido “común”. Ese es nuestro ideario. 

- Le hago una pregunta más personal, saliendo de la ECAE, ¿cómo fue su formación ideológica y política?

-Llegué al peronismo escuchando barbaridades, cosas muy duras. ya desde la época del colegio. Mucho odio. Mucha desaprensión. Desprecio. Nuestro colegio no nos dejaba ir al campo de deportes si en el camino había un piquete. No sabíamos ni lo que era una protesta. Se supone que así nos "protegían". Pero la verdad era que nos recortaban la realidad. Un profesor de educación cívica, en 5to. año, cuando le pregunté por el Proceso, me respondió enojado “Croxatto, en toda guerra hay pérdidas aceptables”. Qué será una pérdida aceptable, pensé. Todavía me lo pregunto. Por eso me cambie de bando.  Walter Benjamin decía que todo escritor revolucionario es un traidor de su clase. Yo me siento un interpelador de la mía. Sin dudas.

Pertenezco a una clase social privilegiada. Vivo a cinco cuadras de la Procuración del Tesoro. Crecí en Recoleta, escuchando en La Biela el día que murió Alfonsín "éstos lo querían porque era un zurdo como ellos". Todavía me acuerdo esa frase. 

Pero no represento esos intereses; represento los otros. Los sectores postergados, castigados, sin voz. Me ubiqué de ese lado. Pago el precio que haya que pagar. Estoy contento con eso. Creo que el derecho debe funcionar así. Con compromiso de cada uno. Carlos Zaninni me prestó hace unos días un libro de Norberto Galasso que lleva por título la frase de San Martin: Seamos libres, que lo demás no importa nada. A veces nos hacemos problemas por cosas que no importan, y las que realmente importan, no las vemos. Eduardo Luis Duhalde siempre me decía que no represente intereses corporativos, que use mi cabeza para defender a las personas que no tienen un mango. Trato de seguir lo mejor que puedo ese mandato. No es fácil. 

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